La nota "Ecos, reacciones, desafíos" que hoy publica Mario Wainfeld en Página/12 contiene una serie de puntos y definiciones de suma importancia para abordar los cambios que indudablemente se generan a partir de la manifestación del jueves pasado. Creo que Mario sugiere, con su habitual estilo, una serie de puntos a revisar. Por lo pronto subrayo algunos párrafos que me parecen centrales.
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Un riesgo, cree este cronista, acecha al oficialismo. Es suponer que la protesta sólo aglutina a exaltados gorilas, que los hubo y se dejaron oír. También presuponer que sólo el odio mueve a los participantes, aunque unos cuantos lo destilaron en dosis pestilentes. Y, sobre todo, desdeñar todas las críticas o creer que éstas se encierran en la burbuja de la minoría que se expresó.
En toda sociedad siempre hay disconformidades, broncas, intereses heridos que pueden llevar al reclamo. La sociedad argentina, en promedio, es mandada a hacer para reclamar en calles y plazas. Minimizar la expansión del reclamo, con recursos políticos democráticos, es un objetivo lógico del Gobierno. Lo que es muy distinto a creer que eso se puede hacer sólo subestimando a quienes lo cuestionaron o cuestionarán o simplificando su repertorio de demandas u objeciones. O emitir señales que excluyen la introspección, que no es una debilidad sino una sabiduría.
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El veredicto de las urnas sigue vigente, el Gobierno está legitimado para implementar su proyecto. Revocar la expropiación de YPF, la reforma del Banco Central, dar pasos atrás en la ley de medios y muchos etcéteras equivaldría a traicionar el contrato electoral. Exorbitante es pedirlo, defección sería acatarlo.
Quienes desde la oposición exigen cambios rotundos en función de una protesta desmerecen al sistema democrático. Pero sí debe someterse a análisis el modo en que se implementaron medidas valorables, como la restricción de compra de divisas o a las importaciones. Economistas bien afines al Gobierno concuerdan en que su operatoria es mala, perjudica y por ende enfada eventualmente a quienes no debe. La sintonía fina falla o falta ahí y quienes se consideren damnificados no son golpistas potenciales, sino ciudadanos mal atendidos.
El manejo de la paridad cambiaria es resorte del Ejecutivo y sería fatal ceder a presiones devaluacionistas. Insinuaciones como las que hizo Paolo Rocca, CEO de Techint, merecen ser repelidas y divulgadas como lo hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero el relato oficialista yerra cuando postula que la cotización del dólar es un conflicto que enfrenta exclusivamente a grandes productores (los sojeros entre ellos) contra los trabajadores. Muchos, casi todos, los sectores exportadores tienen márgenes más estrechos que los sojeros de la Pampa Húmeda. La ecuación de rentabilidad para productos regionales se ha complicado en los últimos tiempos. La solución no debe ser una devaluación general, cuyos efectos castigarían a los laburantes y, para colmo, se espiralizaría velozmente. Pero sí debe atenderse a esas situaciones con medidas más sofisticadas. El economista Héctor Valle propone recuperar la herramienta de los reintegros a cierto tipo de exportaciones, que equivale a una cotización diferencial. Otros hablan de escalas diferentes de tipo de cambio. El cronista no agrega valor en esos debates, pero sí remarca que esquematizar un sistema productivo o una sociedad compleja de modo maniqueo lleva a deslices de gestión o perjuicios injustos.
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Problemas cotidianos como la inflación, la inseguridad, el mal transporte urbano, las inconsistencias del “sistema” de Salud causan malestar a millones de argentinos. No son los de clases altas o medias altas los más dañados. En este año se han acumulado problemas y hasta una tragedia en esas áreas.
Cuando los caceroleros rezongan contra la inseguridad no mentan un problema de los barrios altos. Las movilizaciones que en estos mismos días se repiten en Lanús, por ejemplo, hablan de una transversalidad del problema, que amerita ser computada a la hora de atender o desdeñar señalamientos. En un plano puramente pragmático, incita a imaginar si movilizaciones de diferente origen social y político pueden converger.
La CGT de Hugo Moyano (que era oficialista cuando se cosechó el 54 por ciento de los votos) y la CTA de Pablo Micheli (opositora ha rato) unieron fuerzas para una marcha en común (ver página 6). Es factible reprobar sus alineamientos, pero no lo sería identificar a quienes seguramente adherirán con las clases dominantes.
No aumentar el mínimo no imponible para el impuesto a las Ganancias atañe a los intereses de trabajadores de ingresos medianos. Ninguno de ellos estará conforme, aunque la medida sea exigida por razones de equilibrio financiero.
Los ejemplos pueden multiplicarse. Acciones virtuosas tocan intereses sectoriales, algunos de privilegio. En buena hora. De ahí a pretender que todas se han realizado a la perfección, sin fallas de gestión o daños colaterales hay un abismo que el Gobierno debería pensar en detalle.
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Ver y oír a energúmenos gritando proclamas antidemocráticas, inhumanas a veces, crispa los nervios. El que hace política, máxime si gobierna, no debe dejarse arrastrar por la bronca o el afán de represalia.
Medir científicamente la sensación térmica de una sociedad sería fantástico, pero es imposible. Las encuestas pueden arrojar pistas, aunque usualmente están contaminadas por el ansia de complacer al sponsor. Los dirigentes políticos están forzados, pues, a hacerlo en buena medida a ojímetro: en base a su saber o su intuición tanto como sumando testimonios o atendiendo a miradas surtidas. La prudencia verbal de gobernadores e intendentes oficialistas contrastó con la virulencia oratoria de funcionarios que no controlan territorios. Cualquiera puede pifiarla, pero no es moco de pavo el pulso de los que están cerca de “los ciudadanos-vecinos”.
Uno de los errores capitales del Gobierno en el conflicto con “el campo” fue aglutinar a sus antagonistas en la protesta. Construyó discursivamente un contrincante lineal y se ufanó en exceso de sus virtudes. No aisló a su rival, engordó sus filas. Y lo que es más chocante, se agregaron sectores sociales diferentes a los promotores de la protesta. No está escrito que ahora vaya a ocurrir lo mismo, pero tampoco está predeterminado que no ocurra. Lo que pase dependerá de la destreza y la sutileza de los protagonistas.
La política no es un juego de suma cero, en el que todo lo que pierde un jugador lo gana otro. Puede ser de suma negativa, donde todos pierden algo, como sucedió en la crisis que se desplegó entre 2001 y 2003 que aún deja secuelas. O puede ser de suma positiva, cuando se generan escenarios de avance social. O hasta de cooperación, que no siempre es accesible. El proyecto de ampliación del derecho de voto a los jóvenes es una iniciativa que expande fronteras: sumaría ciudadanos, ampliaría la esfera democrática. También genera una coalición parlamentaria pluripartidaria y coyuntural. Otro tanto sucedió con la ley de medios, la expropiación de Repsol y el matrimonio igualitario sin agotar los ejemplos. En esos casos, la polarización no se extrema, aunque siempre queden sectores de privilegio o reaccionarios del otro lado. La oposición se reagrupa, no se abroquela en el obstruccionismo.
Caer en el juego del antagonista es una tentación digna de ser resistida. Repasar la propia praxis en busca de mejorarla sin resignar el rumbo ni el proyecto es una labor ardua. Cuando lo hizo el kirchnerismo obtuvo logros estimables y hasta records en lo económico social y en la competencia política. De eso se trata, antes y ahora.
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