Por Héctor A Cevinelli. Ingeniero de Minas Profesor Asociado de la U. N.
San Juan
La agenda política de estos días incorpora
al Proyecto Minero de Famatina, como principal punto de agitación mediática.
Los ambientalistas tienen una gran difusión en medios con clara conducta
antigubernamental y los errores políticos del gobierno riojano, han contribuido
a profundizar el conflicto. Lo que resulta
claro es que todo proyecto productivo de impacto económico social y
ambiental de envergadura requiere de la obtención de lo que hoy se denomina licencia social. Esta es la acción gubernamental y empresarial
que no ha sido debidamente desarrollada, a pesar de que los grupos opositores a
la minería como actividad productiva humana, llevan varios años movilizando en
contra de este proyecto. Vale aclarar que Famatina no es todavía un proyecto
factibilizado con sustentabilidad económica y ambiental probada ya que se
encuentra en la etapa de exploración minera, es decir, etapa en la que se toma
información de todos los parámetros económicos y tecnológicos para determinar
su viabilidad.
Sin embargo y como ocurriera en Esquel, las
organizaciones ambientalistas han focalizado ahora allí, su accionar, sin
descuidar otros blancos como Andalgalá
por el Proyecto Agua Rica.
El
conflicto se inscribe en un marco cuya
esencia misma es la actividad minera, que hace que los
ciudadanos no interiorizados de detalles técnicos, se pregunten si ésta
es válida, dado que las huellas históricas que ha dejado al descubierto en
grandes excavaciones, contaminación de
acuíferos, destrucción de suelos y bosques,
entre otros, en muchos casos sin remediar, como parte del inventario de daños que pueden ser atribuibles a la
extracción de minerales. Resulta paradójico que la preocupación mundial sobre
la sustentabilidad de las operaciones productivas y sus impactos negativos haya
nacido a partir del los daños producidos por la agricultura, fundamentalmente
por el descontrol y la irresponsabilidad en el uso de agroquímicos.
La minería, especialmente la minería de los
yacimientos de baja ley en metales que para su economicidad requieren del
movimiento de grandes volúmenes en las explotaciones está hoy demonizada en
nuestro país. Varias provincias legislaron irresponsablemente prohibiciones de
“explotación a cielo abierto con cianuro” lo que constituye una nueva zoncera
argentina a decir de Don Arturo Jauretche. El cianuro es un reactivo muy usado
en la industria y la minería solo emplea un porcentual inferior al 30 % de toda
la industria mundial. Es tecnológicamente manejable en los procesos de
lixiviación de minerales auríferos y tiene la ventaja de autodegradarse en
presencia de oxigeno. Solo un manejo irresponsable podría provocar daños no
deseados.
Así
vamos llegando al fondo de la cuestión. La explotación de minerales a cielo
abierto no es un capricho de las empresas ni de gobiernos corruptos. Es que los
yacimiento masivos que normalmente se explotan por métodos subterráneos
(labores horizontales como túneles, galerías o verticales o subverticales como
chimeneas o chiflones) y que por ello son de mayor riesgo laboral, se han ido
agotando y la necesidad de insumos minerales para la industria ha sido
cubierta, por la ayuda del desarrollo tecnológico que ha hecho posible la
explotación de rocas con muy bajos contenidos de minerales metalíferos. Este
desarrollo es el que los ambientalistas llaman peyorativamente “mega minería”.
Los grandes
emprendimientos mineros son posibles y deseables si se toman las
previsiones que la mejor tecnología aconseja para minimizar, atenuar o eliminar
los impactos negativos. Hay una primera responsabilidad que está centrada en
las corporaciones que operan los proyectos, hoy conocida y definida como
responsabilidad social empresaria, cuya conciencia debe atravesar verticalmente
a toda la organización. En esto ha habido notables avances en la industria
minera. La gran minería puede exhibir hoy, los mejores índices en cuanto a la
prevención de accidentes laborales y
productivos. Pero esto no basta: sin estado fuerte y con capacidades reales
de control, tanto en lo tecnológico, como en materia de decisión política, no
hay garantías absolutas. Para las
empresas la rentabilidad es un factor determinante y pueden caer en la
tentación irresponsable de ahorrar costos “a costa” de cuidado ambiental.
Pero nada se gana con posiciones fundamentalistas de un lado o de otro: los
argentinos sabemos de los costos del fundamentalismo, cualquiera sea la
ideología.
Hay que lograr proyectos sustentables para
alcanzar la licencia social y será la sociedad, especialmente la más cercana a
la localización del proyecto la que deberá otorgarla. Sustentable significa
también que los beneficios económicos, es decir la renta que el proyecto genera
se distribuya adecuadamente, para favorecer el desarrollo social.
Para concluir y volviendo a Famatina; ¿deben los riojanos seguir siendo ayudados
y darse el lujo de inmovilizar recursos mineros que pueden aportar al
desarrollo y a una mejor calidad de vida de sus habitantes?
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