MINERIA: Ecología -Desarrollo -Soberanía

Tengo el agrado de ofrecerles una nueva columna de opinión del Ingeniero de Minas Héctor A. Cevinelli, alguien que, por supuesto, no es neutral ni mucho menos imparcial.

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El limitado debate sobre la problemática de la actividad minera, solo favorece a los obstruccionistas, la nueva categoría política que se ha instalado en la Argentina, con la intención de socavar al gobierno recientemente ratificado por una abrumadora mayoría que no muestra demasiados resquicios para el libre juego opositor. Los progresistas, hoy oportunistas de bajo vuelo, han abrazado el discurso antiminero bajo el paraguas de la defensa del ambiente. Noble militancia cuando esta se sustenta en fundamentos científicos, que cuantifican y califican los impactos negativos que producen las explotaciones mineras modernas o cualquier otra actividad productiva. Pero estas denuncias de daños, entre los que se cuentan los enfermos terminales, las aguas contaminadas, las sequías provocadas, los suelos contaminados, el paisaje arruinado que deja la minería, son en la mayoría de los casos, acusaciones falaces carentes de fundamento científico, que solo logran impedir o arruinar el debate serio. 

La minería mundial tiene un pasado ambiental que la condena y que no contribuye para lograr licencia social de los proyectos actuales. Paradójicamente, este pasado oscuro que se quiere mostrar también aquí , no es demasiado evidente en nuestro país, donde la minería ha tenido un escaso desarrollo ya que otras actividades productivas se han mostrado más atractivas para las inversiones, especialmente la agropecuaria. Han sido empresas del Estado Nacional las que mayor actividad han mostrado en esta materia y no se registran accidentes o daños ambientales de significación. 

Ahora bien; que intereses están detrás de los que pregonan este discurso que muestra representantes en todo el arco ideológico. Hablemos de la conducta de los autodenominados progresistas, como el ex gobernador de Santa Fe y candidato del FAP, Hermes Binner o Pino Solanas y su gente. Tienen en sus zonas de representación política gravísimos problemas ambientales que resolver como el de la basura en la Ciudad Autónoma de Bs As o el del tránsito vehicular, pero solo se dedican a hablar del flagelo de la actividad minera, que no se desarrolla en sus cercanías. No se les cae una sola propuesta inteligente de abordaje de estos y otras problemas ambientales como la contaminación con agroquímicos en muchas provincias y en especial, en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, están siempre prestos a posar para las cámaras de las corporaciones mediáticas opositoras al gobierno, sabiendo qué intereses representan estos grupos. También desde el sector más conservador se escuchan voces en contra de la megaminería contaminante, pero no arriman una sola prueba de lo que denuncian. Para estos dirigentes irresponsables, de un lado o del otro del arco ideológico, se trata de aprovechar los espacios en medios de difusión con un único fin; cuestionar al gobierno nacional como modo de acumular capital político ; lo demás poco interesa. 

En vez de plantear un debate serio y responsable que aborde también la cuestión de la renta minera y la excepcionalidad de las ganancias que generan los proyectos mineros auríferos, se dedican a hacer oposición política agitando fantasmas, fomentando el miedo en la ciudadanía que muchas veces, se termina sumando a estos reclamos sin fundamentos. Los más radicalizados y no menos ignorantes, llegan la acción directa, impidiendo la libre circulación en rutas y caminos, bloqueando accesos a los yacimientos, cercando pueblos llegando a límites que solo esta bendita democracia que supimos conseguir tolera. 

Estos dirigentes, o al menos los que se dicen progresistas, debieran hoy estar preocupados elaborando propuestas alternativas a las políticas gubernamentales que han mantenido intacto el andamiaje jurídico- político que alumbró el menemismo en la primavera neoliberal de la mano del Banco Mundial para favorecer abiertamente el acceso de capitales internacionales para la explotación de los recursos mineros, petroleros y gasíferos. Es el propio gobierno nacional y no la oposición, el que parece empezar a preocuparse por recuperar estos recursos no renovables, que fueran cedidos a las provincias, en nombre del “federalismo” para mejorar la posición negociadora del capital multinacional. Gobernadores débiles, condicionados por la falta de recursos para atender sus administraciones, como lo fueron en su mayoría en los noventa, eran vulnerables a la hora de negociar los emprendimientos. Prueba de ello fue la aceptación del límite máximo del tres por ciento del valor boca-mina acordado para las regalías mineras que cobran las provincias. 

Son unos pocos opositores, los que se preocupan por las capacidades que han desarrollado las provincias para controlar la ejecución de los programas de prevención y mitigación de los impactos ambientales. Lo que es peor, nadie o casi nadie vela por un correcto aprovechamiento del recurso, cuando por ineficiencias se pierden importantes cantidades de metales valiosos, que quedan en los diques de colas o en los botaderos de estéril y sobre los que el estado no percibe pago alguno. Esto no tiene ningún control público, ni provincial, ni nacional. Los elevados precios de metales como el oro pagan holgadamente estas ineficiencias. Hay que sacar rápido a costa de descuidar las pérdidas pues es más negocio aprovechar la coyuntura de elevados precios. No se ha escuchado un solo reclamo al respecto. Nuestro país debe recuperar soberanía en todos los planos. En esa dirección va el proyecto nacional. Y en este plano de los recursos naturales del suelo y subsuelo es imprescindible que las mayorías acuerden una política de estado. Política de estado para un estado soberano, en contraposición al modelo de estado que instalaron en los 90 para beneficiar a las multinacionales. Política de estado que los proteja, no para inmovilizarlos sino para desarrollarlos racionalmente agregando el máximo valor y haciendo llegar los beneficios a toda la sociedad , para mejorar la vida de los argentinos.