Los cambios para la sanción de la mejor ley (a pesar de Grondona, Mariano)

Santiago Marino es un joven Licenciado en Comunicación Social con un presente y un futuro envidiable, pero no es eso lo más importante. Lo que lo destaca a Santiago es que es de Tres Lomas y, fundamentalmente, fanático del glorioso Unión Deportiva.
Lo invité a escribir en el blog sobre los cambios introducidos al proyecto de ley de SCA y acá está lo que nos preparó.
Gerardo
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Los cambios para la sanción de la mejor ley (a pesar de Grondona, Mariano)
Escribe Santiago Marino
Dada ya por compartida la necesidad de la sanción, la ventana de oportunidades políticas en la que se encuentra la regulación y la fuerte oposición a algunos aspectos del proyecto por parte de legisladores con capacidades de apoyar la sanción, se destaca la ampliación de participación en la autoridad de control por parte del poder legislativo y los cambios respecto de los posibles licenciatarios. Las modificaciones anunciadas por el Gobierno al proyecto de Comunicación Audiovisual, que está en tratamiento de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, son las siguientes:

Se agregó el concepto “sin censura” a la promoción del derecho a la información, el artículo 4, se aclaró que "en ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida" para las emisora comunitarias. Respecto de la Autoridad de Aplicación (art. 10) se establece que funcionará " como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual como Autoridad de Aplicación de la presente ley". Se amplió la presencia de la Autoridad en localidad de tierra adentro, con el objetivo de federalizar su función. Además, se estableció que la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación" serán los organismos de contralor de un organismo que deberá responder a la “obligación permanente e inexcusable del Directorio dar a sus actos publicidad y transparencia en materia de recursos, gastos, nombramientos de personal y contrataciones.” Asimismo, se amplió la cantidad de miembros a siete (en vez de los cinco como en el anterior proyecto), con la siguiente composición: un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Lo más importante, a mi juicio, de las reformas a este aspecto está dada por la diferenciación establecida en la duración de estas autoridades y el mandato presidencial, ya que "la conformación del Directorio se efectuará dentro de los dos años anteriores a la finalización del mandato del Titular del Poder Ejecutivo, debiendo existir dos años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo.
Entre los mecanismos para remover autoridades, se incluyó que el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual propondrá, además de dos directores, a dos directores de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y podrá remover a miembros del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por el voto de los dos tercios del total de sus integrantes. Del mismo modo lo podrá hacer la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Por último, la figura del Defensor del Público "será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras", en otra novedad respecto del proyecto original.

En cuanto a los prestadores, se agregó la obligación de demostrar el origen de los fondos “en tanto comprometan inversiones a título personal", tanto por los medios con fin de lucro como para los que no lo tienen. Esto tiende a trasparentar el financiamiento de los medios, en pos de garantizar la doble independencia positiva: del poder político y del poder económico. Y podría evitar la figura de los testaferros, temida por muchos actores ante el proceso de desconcentración que debería darse de obtener la aprobación en ambas cámaras. A propósito de las condiciones de admisibilidad para las personas de existencia ideal, el nuevo incido d) del artículo 25 indica "no ser titular o accionista que posea el diez por ciento o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal".

Uno de los elementos claves de la concentración, como es el establecimiento de redes, se replantearon limitaciones que encuentran una oposición fuerte en medios como Cadena 3, por ejemplo, pero que desde mi lectura buscan defender y consolidar medios locales, emisoras de ciudades pequeñas (de las más de 5000 existentes en ese tipo de poblaciones), que trabajan y sostienen la identidad local. Esos cotos señalan que "no podrán constituirse redes de radio y/o televisión entre licenciatarios con una misma área de prestación, salvo que se tratase de localidades de hasta cincuenta mil habitantes, y siempre que se trate de retransmisión de contenidos locales". Y en el artículo 63 se establece la posibilidad de establecer redes de radio y TV Abierta pero sólo para la transmisión de acontecimientos de interés relevante”.

En esta línea de defensa de emisoras de localidades pequeñas (del mal llamado interior del país, como podría ser mi querido Tres Lomas, aunque allí no hay canales de TV sino radios FM locales, que quedan exentas de este aspecto), se definieron nuevas pautas de producción de contenidos: "los servicios de radiodifusión televisiva abierta "deberán emitir un mínimo del treinta por ciento (antes 20%) de producción local independiente cuando se trate de estaciones localizadas en ciudades con más de 1.500.000 habitantes" y "cuando se encuentren localizados en poblaciones de mas de 600.000 habitantes, deberán emitir un mínimo del 15% de producción local independiente y un mínimo del 10% en otras localizaciones". Los cambios en el tema de contenidos no se agota ahí, sino que se observó el error de los films financiados por el INCAA, y ahora "los licenciatarios de servicios de televisión abierta deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho películas (antes seis) de largometraje nacionales".

El último de los cambios respecta a los medios públicos, para los que también se amplió la representación del poder legislativo, ya que en cuanto a la conformación de "Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado", se pasa de cinco a siete el número de los miembros del Directorio, con un presidente y un director designado por el poder ejecutivo y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera.
Todas la mejoras apuntan a buscar mayores consensos en la discusión en diputados, para una ley cuya sanción es tan necesaria como urgente, porque el debate lleva 26 años. Y porque su aprobación sólo implicará el inicio de la democratización de la sociedad. Apenas. Aunque no es poco y cueste tanto.

http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=15827

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