Datos duros

En la Conferencia de la UIA, Cristina fue más específica, al mencionar el caso de “algunas empresas grandes” que “habían comprado igual cantidad de dólares o más de la que nosotros les habíamos prestado en pesos a tasa negativa”. Entre quienes escuchaban con el rabo entre las patas estaba el vicepresidente de la UIA y director de Ledesma, Federico Nicholson, a quien Mendiguren impulsa como ministro de Industria. El presidente de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, varios de sus hijos amantes de los yates de lujo y el propio Nicholson compraron once millones de dólares durante la corrida cambiaria que el gobierno sofocó la semana pasada. Habían recibido un crédito del Bicentenario por nueve millones de dólares, como parte de la inversión en un criadero de chanchos del viejo Blaquier, por un total de 140 millones de pesos. El gobierno no se quedó en palabras: Nicholson y Blaquier fueron confrontados con la documentación probatoria del uso dado al crédito, cosa que al principio negaron, y debieron comprometerse a reingresar ese dinero e invertirlo en el país. El año pasado, Nicholson presidió la misma conferencia y fue uno de los críticos más severos de “la excesiva intervención estatal”. Este año guardó prudente silencio. Cristina también mencionó el caso de otra “gran empresa” que en 2010 obtuvo utilidades superiores en un 31 por ciento a las de 2008 (cuando contó con apoyo estatal para mantener la ocupación), pero invirtió “un 35 por ciento menos que en el 2008”. Se refería a Siderar, de la transnacional italiana Techint, cuyo principal accionista, Paolo Rocca, también estaba en la sala. Rocca también asumió compromisos de inversión, que aún no son públicos y cuyo cumplimiento el gobierno verificará. En la historia de las relaciones con el Estado siempre los reclamos y las exigencias provenían de las grandes empresas. Ahora también se recorre el camino inverso. Por primera vez, los interlocutores gubernamentales del holding milanés con sede corporativa en Luxemburgo no están en la lista de las “prestaciones de sede” de Techint, como llama su financiera cautiva, Santa María, a los pagos inconfesables a funcionarios. O dicho con las palabras con que CFK comparó en la UIA la situación argentina con la de Europa: “Hay que respetar a los mercados, pero los que gobiernan son los elegidos por el voto popular. Esto lo tengo muy claro”.


Extractado de la columna que hoy publica Horacio Verbistky en Página/12.




Tres últimos discursos de CFK pronunciados con diferencia de pocos días en la planta de General Motors, en la celebración de la Unión Industrial y en la remodelación de un hangar de Aerolíneas Argentinas, han reafirmado que en la gestión kirchnerista, que el 10 de diciembre comienza un tercer período presidencial, la economía y la política no están separadas. Y seguirá de ese modo si se lee con atención cada una de las palabras de esos discursos. Por eso resulta llamativa la sentencia “agotamiento del modelo” expresada por voceros de la ortodoxia y de cierta intelectualidad progresista. Es como si después de tantos años de observar cómo se desempeña un gobierno todavía no pudieran comprender la dinámica de su proyecto político, que es algo diferente a un “modelo económico”. Este último concepto es propio de laboratorios académicos que aceptan un esquema de poder donde la economía predomina sobre la política. En cambio, un proyecto tiene objetivos políticos que a través de la política económica va adaptando instrumentos en función de cumplir esas metas, al tiempo que se dedica a establecer la base para alcanzarlos. El kirchnerismo lo ha expuesto en forma permanente: sostener un crecimiento a tasas elevadas que permitan la industrialización, generar empleo e inclusión social, con una presencia activa del Estado.


De la columna que también hoy escribe Alfredo Zaiat en Página/12.

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