El problema no es el sueldo de la presidenta

El ataque ahora viró hacia el sueldo de la presidenta, un viejo recurso del discurso antipolítico que busca generar mal humor y que le refriega el sueldo de los funcionarios al jubilado y al empleado raso en relación de dependencia, dejando como discurso implícito que deberían ganar lo mismo que un trabajador de las escalas intermedias o directamente inferiores. Jamás publican cuánto ganan los editorialistas y los grandes capitostes de Clarín y de “esas empresas a las que les interesa el país”. Claro, “son recursos privados”, arguyen, “mientras que a los funcionarios le pagamos entre todos”. Gran falacia: la plata es una sola y las ganancias “privadas” de medios y empresas monopólicas que lesionan gravemente la competencia surgen de la esfera privada pero merced a décadas de trapisondas que les posibilitaron obtener posición dominante y desde ahí dictar desde el precio de la manteca al valor de dólar. A ver si nos damos cuenta de una buena vez que a Magnetto también le pagamos sus ganancias entre todos…

Pero el problema de fondo es otro y consiste en un fuego mediático graneado contra un gobierno que independientemente de aciertos y errores ha dejado claramente establecido que es disfuncional a los intereses permanentes de los grupos económicos y los Estados Unidos. Es que el proceso de gobiernos populares en América latina, luego de una década de consolidación y triunfos como el “No al ALCA”, empieza a ser nuevamente asediado. El bloque del Pacífico con Perú, Chile y Colmbia ha resultado una cabecera de playa fenomenal para EEUU y a eso se suma la complejidad de la muerte de Hugo Chávez tanto como el fin de mandato de Cristina Fernández de Kirchner, dos hechos de gran impacto que la política exterior norteamericana y los sectores dominantes de cada país están utilizando para volver a entronizar administraciones mansas y “previsibles”. Este es el contexto en que hay que mirar el ataque destituyente en Venezuela y la corrida feroz en Argentina.

La historia latinoamericana enseña que cuando los gobiernos democráticos se tornaron disfuncionales a los intereses permanentes sobrevinieron los golpes de estado, que siempre fueron presentados como un recurso postrero para garantizar un mínimo de orden ante el caos que se había generado por la descomposición del gobierno eyectado (caos siempre generado por ellos). El discurso del bloque cívico-militar siempre fue a favor de la democracia, nunca en contra. La noción que instalaban era que “las fuerzas armadas se veían obligadas a tomar la dirección del gobierno para generar las condiciones del retorno a una democracia plena, donde funcionen como se debe las instituciones de la república.”

En Argentina, la consigna “Devuelvan el país” expresa la síntesis del accionar golpista histórico. Si se logra que mucha gente vea a la democracia argentina como una dictadura, cualquier recurso para echar al gobierno “autoritario” será legítimo. Y si esa dictadura comete, además, el pecado de que la presidenta gane 48.000 pesos en el bolsillo y 79.000 en bruto, todo accionar desestabilizador será puesto dentro del “plan de lucha para recuperar el país perdido”.

No es complejo. La estrategia contra las democracias siempre fueron evidentes. Sucede que lamentablemente muchas veces los planes desestabilizadores contaron con la complicidad de fuerzas progresistas y de izquierda que no entendieron la trampa y al exponer un profundo desdén por la “la democracia burguesa” y por ende no defenderla, le facilitaban los planes a las fuerzas desestabilizadoras. De ahí que la defensa de la democracia siga siendo un valor muy alto para los intereses populares, porque siempre que se la quebró, los que ganaron fueron los sectores acomodados, nunca los trabajadores y el pueblo. El “caos” con el consecuente desmadre de todas las variables ha sido el recurso de oro de las minorías que lo utilizaron para ganar posiciones en el reparto de la torta y en la apropiación de renta. De hecho, el desastre del 2001 le sirvió a Clarín para que Duhalde le pesificara su deuda en dólares y promoviera una legislaciónque favoreció claramente sus objetivos empresariales.

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